Dilatan investigaci髇 sobre muerte de polic韆s

10 de Junio de 2010, 06:51

La Paz - Bolivia.- Una Minuta de Comunicación del Senado Nacional para dotar de celeridad a las investigaciones sobre el secuestro, tortura y muerte de los cuatro policías a manos de comunarios en Saca Saca, fue rechazada ayer por la mayoría oficialista en la Cámara de Senadores, según denunció la senadora de CN, Centa Reck.


Reck presentó ante el pleno del Senado una Minuta de Comunicación, recomendando al Ministerio Público una investigación oportuna y transparente para establecer la responsabilidad penal de quienes fueran autores, cómplices y encubridores del linchamiento de cuatro policías en cercanías de la población de Uncía, Norte de Potosí el 25 de mayo.


Las legisladora cruceña lamentó, sin embargo, que la mayoría oficialista en el Senado decidió derivar la minuta ante la Comisión de Constitución para su tratamiento en esa instancia camaral, según la agencia de noticias Fides.


Dijo que su solicitud no fue apoyada por los senadores del MAS, postergando así la imposición de un mandato constitucional a la Asamblea Legislativa, para que pueda demandar a autoridades del Ministerio Público mayor celeridad en sus investigaciones y al Órgano Ejecutivo garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional.


Dijo que solicitó poner en conocimiento ante la Fiscalía General del Estado que la Cámara de Senadores, ve con gran preocupación las muertes ocurridas en el municipio de Uncía. “Es preocupante lo ocurrido en la localidad de Saca Saca, de acuerdo a los primeros resultados de los exámenes de autopsia practicados en los cuerpos de las cuatro víctimas, una de ellas, habría fallecido tres días antes de que se llegue a un acuerdo para recuperar los cuerpos”, manifestó.


Esta situación, dijo, nos permite sostener que el Gobierno no ha actuado en forma diligente, eficaz y oportuna, a pesar de tener a su disposición todos los medios, recursos y sobre todo, el imperio de la ley a su amparo.


Asimismo, señaló que el Gobierno debe garantizar la presencia del Estado en el territorio nacional, la vigencia del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. “Por lo que se requiere una investigación oportuna y transparente para establecer la responsabilidad penal de quienes fueran autores, cómplices y encubridores”, aseguró.
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