Montaño defiende legalidad de recurso para la repostulación

05 de Octubre de 2017, 07:05

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, defendió la legalidad de la acción de inconstitucionalidad abstracta, que busca restituir los derechos de las autoridades para que se postulen en futuras elecciones.

Señaló que la conducta del secretario general del organismo, Luis Almagro, con relación a políticas internas de Bolivia, “es inaceptable”.

Dijo que hay la intención de confundir, tanto en el Secretario General de la OEA como en su jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, que lo representó en la sesión efectuada en el Consejo Permanente.

“Se quiere hacer creer que este recurso presentado por asambleístas en mi país pretende impugnar la voluntad del pueblo boliviano. Eso es falso y no es correcto porque la consulta que se llevó adelante el 21 de febrero del año pasado en Bolivia se trató de un referéndum o de una consulta que pretendía una reforma parcial de la Constitución Política del Estado”, explicó.

Mientras que el recurso de inconstitucionalidad presentado por asambleístas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral y el control de convencionalidad que debe hacerse sobre cuatro artículos de la Constitución Política del Estado.

Con la acción planteada, afirmó, se busca que se ponga por encima del texto literal de la Constitución a la Convención de Derechos Humanos, puesto que se considera que es más favorable, y como señala el artículo 256 de nuestra Constitución “debe aplicarse de manera preferente, ¿preferente en qué?, en la defensa de derechos políticos en tanto derechos humanos”.

Procedimientos distintos

Montaño dijo que por esa razón no se puede acusar a dicha acción, que además la respaldan dos diputados de la oposición (Santos Paredes y Víctor Gutiérrez), de un intento de vulnerar el voto popular.

“Son dos procedimientos totalmente diferentes, el primero que se puso en consulta de reforma parcial de la Constitución, y el segundo se trata de una acción de inconstitucionalidad y un control de convencionalidad que le corresponde al TCP”, argumentó.

En ese marco se preguntó: ¿Dónde está entonces la vulneración, dónde está aquella pretendida defensa de la democracia en un país donde se ha elegido autoridades con mucho más del 50% en varias elecciones generales, elecciones a gobernadores, a alcaldes?

La titular de la Cámara Baja reiteró en varias ocasiones: “Nos parece inaceptable, intolerable, que se pretenda hacer creer a esta organización y al mundo que en Bolivia se pretende desconocer el resultado de una consulta popular, lo cual es absolutamente falso”.

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