¿Es antidemocrático recurrir a las salas constitucionales?

04 de Octubre de 2017, 06:42

El MAS ha recurrido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para restablecer/ampliar los derechos políticos de la población con miras a las elecciones generales de 2019.

¿Es democrático recurrir a las salas o tribunales constitucionales para ampliar la participación política de la gente?

¿Es únicamente la izquierda la que usa esos “atajos” para mantenerse en el poder?

El debate no sólo es jurídico, es sobre todo político, pues el posicionamiento de los actores políticos está en directa relación con los intereses de clase que representan y con las perspectivas estratégicas por las que conciben y producen sus acciones.

Pero la sorpresa es grande al percatarse de que es la derecha la que ha hecho más uso regular de estos “atajos” para mantenerse en el poder, aunque los jefes de la oposición prefieran olvidar deliberadamente las experiencias en la región.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico-institucional quizá sea importante darle una mirada a lo que sucede en la democracia latinoamericana desde la primera mitad de la década de los 90, cuando, a excepción de Cuba, la región se movía controlada por gobiernos de derecha y centro derecha que habían asumido “enterito” el programa neoliberal como proyecto económico, político, institucional e internacional sin la menor resistencia.

La reelección, señalan estudiosos de los sistemas constitucionales y electorales de la región, se expresa de tres maneras:

-reelección diferida (se vuelve a postular, pero después de pasado uno o dos periodos de su mandato),
-reelección consecutiva (uno o dos periodos continuos) y
-reelección indefinida (sin restricción alguna).

Es obvio que la decisión última si alguien es reelegido en cualquiera de las tres modalidades depende de la voluntad del soberano: el pueblo.

Una rápida revisión al debate sobre la reelección en América Latina y las vías para su resolución conduce a identificar que no son pocos los países cuyos gobiernos o actores políticos han optado por elegir el camino de las salas constitucionales para mantenerse en el ejercicio del poder.

De los más importantes podríamos señalar a Costa Rica, Colombia, Honduras, Argentina y Nicaragua. Presentamos aquí dos casos, pero se observará después que la mayor parte se trata más bien de gobiernos y políticos de derecha que han recurrido al Poder Judicial para canalizar sus aspiraciones políticas.

Costa Rica

El presidente costarricense Oscar Arias, quien había sido presidente por vez primera en el período 1986-1990, anunció su decisión de postularse de nuevo a la presidencia de su país un año antes de terminar el siglo XX, a pesar de que la Constitución vigente de su país no admitía la reelección al que lo hubiera ejercido antes. Después de fracasar acuerdos políticos con expresidentes del partido opuesto al suyo (pues en Costa Rica en los hechos había bipartidismo), y con miembros del Poder Legislativo, Arias optó por el camino de acudir a la Sala Constitucional.

Dos fueron los argumentos centrales planteados por Arias a la Sala Constitucional: primero, que la reforma parcial del artículo 132 en 1969 negaba la voluntad del Poder Originario expresada en la Constitución Política de 1949, que sí permitía la reelección diferida (una vez pasados ocho años de concluido el primer mandato), y segundo, que la Asamblea Legislativa carecía de competencia como “constituyente derivado” para restringir o suprimir derechos fundamentales mediante una reforma parcial.

La Sala Constitucional, a pesar de que en septiembre de 2000 no aceptó los argumentos de Arias, en un segundo fallo (el 14 de abril de 2003) dio luz verde para que el socialdemócrata participe en las elecciones de 2006.

Argentina

El caso de Carlos Menem en Argentina también es ilustrativo. El presidente justicialista asumió el mando del Estado argentino por primera vez en 1989 hasta 1995, en medio de una América Latina homogéneamente alineada al neoliberalismo y del que el político argentino era uno de sus más leales seguidores, aunque no el más eficiente. 

Con el apoyo de Estados Unidos y de la burguesía hegemónica argentina, la línea de continuar con las reformas neoliberales favoreció a Menem, quien obtuvo consenso político en el Congreso para habilitar la reelección presidencial por un período consecutivo, aunque con una disminución del período de mandato de seis a cuatro años. 

Así el presidente argentino se quedó en Casa Rosada entre 1995 y 1999. En ambos períodos, cerca de 100 empresas estatales o fueron privatizadas o cerradas.

Un año antes de culminar su segundo mandato, el presidente argentino introdujo una petición para un tercer período. Eso implicaba una reforma constitucional o una derogación judicial del inciso transitorio incluido en la Constitución Política reformada en su primer mandato. 

El Poder Judicial inicialmente mostró su acuerdo con la repostulación del presidente previa consulta con la población. Ante la inseguridad de contar con el apoyo de Eduardo Duhalde, que comandaba Buenos Aires y tenía aspiraciones presidenciales, así como la negativa del organismo electoral de omitir la cláusula transitoria de 1994, Menem tuvo que resignarse hasta 2003, cuando intentó fallidamente ocupar de nuevo la titularidad del Poder Ejecutivo al resignar posiciones frente a Néstor Kirchner, quien sintetizaría el giro progresista argentino.

Así, la justicia le dijo sí a la aspiración reeleccionista de Menem, pero la política no.

Ampliación, no restricción

Los estudiosos del campo político y constitucional de América Latina sostienen que dos son las razones que explican el camino elegido por partidos y líderes para trabajar la reelección: primero, el bloqueo político en los Congresos o Asambleas Legislativas, y segundo, para pagar el menor costo político directo.

El argumento central planteado ante el Poder Legislativo o Judicial (en su sala constitucional) es que el derecho fundamental de elegir y ser elegido puede experimentar ampliación pero no restricción. Así lo establecen tratados internacionales en derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, o constituciones producidas por el Poder Constituyente Originario.

Los cuestionamientos de la derecha al empleo de las salas constitucionales (TCP en Bolivia) por parte de gobiernos de izquierda expresan una doble moral, pues son más los gobiernos de derecha los que han usado de ese recurso.

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