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El presidente de EE UU, Donald Trump, prometió apelar los dictámenes de dos jueces federales que frenaron su veto migratorio revisado que debía haber entrado en vigencia ayer, y dijo que las sentencias eran un exceso judicial que hace que el país parezca débil.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió ayer en que Trump tiene la autoridad para emitir la orden, que suspende durante 90 días las llegadas de personas de seis países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Yemen e Irán), y hace lo mismo con el programa de recepción de refugiados durante 120 días.

“El peligro (de llegada de terroristas a EE UU) es real y la ley es clara”, indicó Spicer, y agregó que el gobierno explora “todas las opciones” para contrarrestar los frenos judiciales, que argumentan que la orden de Trump no ofrece evidencias sólidas referidas al riesgo terrorista y discrimina contra personas por su religión y nacionalidad.

El miércoles, el juez Derrick Watson confirmó la restricción temporal en respuesta a una demanda del estado de Hawai, y señaló que “un observador sensato y objetivo concluiría que el decreto se emitió con el fin de perjudicar a una religión particular”.

Ayer, el juez Theodore Chuang emitió una orden preliminar nacional por un caso similar en Maryland, presentado por agencias de reubicación de refugiados representadas por organizaciones de EE UU.

El magnate sostiene que el veto es necesario para la seguridad nacional. Trump señaló que llevaría el caso “hasta las últimas consecuencias”, incluida la Corte Suprema, para que la prohibición sea declarada legal.

El primer decreto migratorio de Trump, firmado el 27 de enero, impedía el ingreso a EE UU de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen por 90 días. La orden revisada que firmó el 6 de marzo retiraba a Irak de esa lista.

FONDOS PARA EL MURO

En tanto, Trump, publicó ayer su propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal, un plan que aumenta el gasto militar en 30.000 millones de dólares y recorta en ayuda internacional y en protección medioambiental. Fiel a una de sus primeras promesas de campañas, Trump asigna en este presupuesto ​2.600 millones de dólares para la “planificación, diseño y construcción” del controvertido muro en la frontera con México que, según dijo, pagara la nación azteca.