Víctimas de injusticia se declaran en huelga

17 de Marzo de 2016, 06:46

La representante de la Asociación de Víctimas por Retardación de Justicia, Braulia Choque, informó que cinco afiliados a la organización se declararon en huelga de hambre exigiendo que se instale un diálogo con autoridades de Estado antes de la realización de la Cumbre de Justicia.

Las víctimas de injusticia aseguran que son cientos de casos, tanto en la ciudad de El Alto como en La Paz y a nivel nacional que fueron denunciados al interior de la organización, porque jueces y fiscales permiten la retardación de justicia sin poder definir una sentencia en varios de los casos atendidos en perjuicio sobre todo de las personas de escasos recursos.

“Son sobre todo las víctimas quienes no pueden realizar la cancelación del abogado por cada que se suspende las audiencia, aspecto que genera el pago de Bs 300 a la defensa legal, aunque la audiencia se suspenda”, indicó.

Uno de los representantes de esta organización da a conocer que en muchos de los casos denunciados se identifica maltratos a las personas de escasos recursos, cuando ésta no logra conseguir el dinero que demanda no sólo la defensa legal, sino jueces y fiscales.

Una de las mayores dificultades que observan las víctimas de injusticia son las declaratorias en reserva por parte de los jueces, procedimiento que en la actualidad ha permitido una serie de hechos de corrupción ya que no sólo se impide informar el avance del proceso, sino que se permite reuniones solo entre los jueces y los fiscales sin que los implicados en el caso puedan analizar la situación.

“Lastimosamente la propia ley establece que se puede declarar un caso en reserva, pero esto generalmente tiene que ver cuando se trata de menores de edad y no para otros casos, pero en la ciudad de El Alto lo que ocurre es que jueces y fiscal definen la declaración en reserva para todo, impidiendo que nos enteremos y definamos si el proceso es legal o no, es por eso que denunciamos esas injusticias”, indicó Carmen Pérez, una de las víctimas.

Muchos de los casos de la población litigante tienen un tiempo de proceso de cinco hasta 15 años sin lograr concluir con sentencia alguna.

Tres representantes de la organización ingresaron ayer en huelga de hambre en su sede social de Villa Dolores y, en horas de la tarde, dos más definieron su ingreso al ayuno voluntario.
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