Cámara de Diputados restringe viaje de comisión a la Subcentral Sécure

17 de Septiembre de 2013, 06:08

Adolfo Chávez, Pedro Nuny y Fernando Vargas enviaron una carta solicitando la presencia de la Comisión de DDHH de Diputados, tras dos meses de autoencierro en Trinidad.


La Cámara de Diputados restringe el viaje de la comisión de Derechos Humanos, a la Subcentral Tipnis, para verificar la situación en que se encuentran los tres dirigentes de las tierras bajas con mandamiento de aprehensión, acusados por supuesto homicidio y feminicidio, denunció la diputada oficialista, Rebeca Delgado. Anunció que pese a las prohibiciones se trasladará al lugar.



La Cámara Baja aprobó la pasada semana una Resolución Camaral para que una comisión de diputados designados por la Comisión de Derechos Humanos se traslade hasta la sede de los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuny, para ver la situación en que se encuentran a más de dos meses de permanecer en vigilia.


“Nos solicitaron una visita, pero (la Cámara de Diputados) no quería que para que no funcione un presupuesto institucional, una plataforma institucional una resolución de comisión de Derechos Humanos, es decir para realizar una tarea institucional y lo que nos están haciendo es prohibirnos realizar la fiscalización, prohibir la labor de los diputados y diputadas por temas absolutamente políticos de una cúpula gubernamental y lo denunciamos”, remarcó.


La comisión designó a los legisladores Delgado y Pamuri, luego que los dirigentes indígenas solicitaron el 22 de agosto a esa instancia legislativa, a través de una misiva, visitarlos para que constaten la vulneración de los derechos humanos que “se ejecutan contra los indígenas”, que son acusados por el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel.


La también expresidenta de la Cámara baja dio a conocer que pese a la resolución, se derivó un documento en que figura el pago del viaje de un solo diputado, destinado para sus pasajes y viáticos. Sin embargo acaró que días antes se hizo una reserva para los pasajes de la comisión.


“Aquí dice que solamente nos van asignar un solo pasaje, pero se ha previsto que voy a ir de todas maneras a Beni, vamos con nuestros propios recursos, pero hay una resolución por lo que vamos a pedir que la Cámara de Diputados nos reponga el pasaje y los viáticos. Tenemos (los documentos) de todo lo que se ha cancelado para los pasajes que se han hecho las reservas”, remarcó.


El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Moya, conoció la carta antes de ser remitida a esa instancia legislativa y señaló que habría que analizar el caso por el cual se acusa a la comisión y la directiva.


Parte de la carta enviada señala: “Conociendo que la comisión de Derechos Humanos tiene la misión de precautelar el ejercicio de los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas de Bolivia, como ciudadanos bolivianos tenemos el derecho de ser escuchados para informar sobre la vulneración de derechos fundamentales que sufrimos por parte de una entidad estatal como es el sistema jurídico ordinario”.


El hecho por el cual se les acusa se suscitó el 20 de junio en la localidad de San Pablo de Sécure, en que supuestamente los tres dirigentes mencionados habrían agredido físicamente a Pradel, quien apoya la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos, Villa Tunari, por medio del territorio. Para los indígenas denunciados el hecho fue calificado de “una justicia comunitaria”, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).
El Diario


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